Una historia de dolor y muerte se esconde tras el funcionamiento de 20 fundidoras ilegales de plomo en Colombia. La ruta negra del metal inicia en Soacha (Cundinamarca), sigue en Malambo (Atlántico) y termina cerca a la represa de Betania, en el Huila.
Son 14 los negocios de este tipo que funcionan en distintos sectores de Soacha. En el municipio, que cuenta con unos 500.000 habitantes, 138 hombres se dedican a la extracción y fundición de plomo. Lo hacen dentro de fortalezas de acero equipadas con cubiletes y mesas de cemento sobre las que descuartizan las baterías de carros que recolectan en Bogotá.
En este mercado todo vale. El primer eslabón de la cadena son los recicladores, quienes trasladan las pesadas pilas rectangulares hasta los que parecen simples talleres sucios y desvencijados.
Una tonelada del metal cuesta $4.256.408, a nivel nacional. Cada fundidora produce, en promedio, 20 toneladas mensuales, lo que equivale a unos $.
Bajo, casi nulo, es el porcentaje que entra a las arcas tributarias.
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